Acto seguido al levantamiento del general Riego, durante el Trienio Liberal (1820–1823), se incita la creación de un Estado liberal, y con este se promueve la división provincial.
En 1822 se aprueba, provisionalmente una división provincial, en 52 provincias.
Provincias como Almería y Málaga (desgajadas del tradicional Reino de Granada), Huelva (del Reino de Sevilla), Calatayud o Logroño son de nueva creación, y otras aparecen renombradas como Murcia o las Provincias Vascongadas.
Este proyecto se rige por criterios de densidad de población y extensión geográfica. No se respetan los límites tradicionales de las provincias, configurando un mapa nuevo. Se eliminan los enclaves de unas provincias en otras, si pertenecen a distintos reinos, pero se conservan muchos enclaves cuando se hallan dentro del mismo. Este proyecto creó fuertes encontronazos por el número de provincias y la capitalidad, pero no dejaron de ser cuestiones menores.
En 1822 se restablecieron los intendentes provinciales como delegados de Hacienda. La caída del gobierno liberal y la restauración del absolutismo aboliero el proyecto. En 1823 se restablecen las provincias del Antiguo Régimen por lo que el plan de 1822 nunca llegó a entrar en vigor.
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